Historia Aquit Legal

Historia

AQUIT LEGAL es un despacho jurídico fundado en el año 2003 por parte de los socios Josep Maria Llull e Ignacio Roca-Umbert, quienes tras su larga experiencia en grandes firmas jurídicas internacionales, deciden fundar su propio despacho legal en Barcelona con la intención de ofrecer sus servicios a nivel nacional e internacional. 

En el comienzo de la actividad como despacho legal, los servicios de asesoría jurídica prestados se centraban en el asesoramiento especializado a empresas y particulares en materia civil, de contratación mercantil, de derecho de sociedades e inmobiliario.

Es poco después cuando AQUIT LEGAL se plantea, dentro de su política de expansión, ofrecer un asesoramiento legal civil más profundo dentro las especialidades de familia y sucesiones.

Asimismo, se ha implantado en el despacho en los últimos tiempos un departamento puramente internacional estructurado en diferentes “Desks”, con el ánimo de facilitar nuestro contacto y asesoramiento a los clientes extranjeros –pero también nacionales, con intereses en el extranjero- que acuden a AQUIT LEGAL. 

Actualmente nuestro despacho cuenta con 10 abogados y asesores especializados en diversas áreas de práctica jurídica y con diversos colaboradores. Dentro de nuestro equipo profesional contamos con Abogados y profesionales de distintos países (Estados Unidos, Francia, Italia, etc.).

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

 

Según la Unión internacional de Telecomunicaciones, el 43,3 % de la población mundial tiene acceso a internet:

  • El 81,3% de los hogares en los países desarrollados.
  • El 34,1% de los hogares en los países en desarrollo.

Internet es un área dinámica y en constante evolución.  Dada su cada vez más notable presencia en nuestra vida cotidiana, y su incorporación a nuestra actividad económica y comercial, se hace necesario establecer un marco jurídico que regule el empleo de este medio. Así nace la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico de 2002 (LSSI).

La LSSI es de aplicación siempre y cuando exista una actividad económica/lucrativa para el prestador del servicio, es decir, cuando la página web reciba ingresos, ya sean estos:

  • Directos: por las actividades de comercio electrónico que desarrolla.
  • Indirectos: por publicidad o patrocinio.

Por tanto, tiene como objetivo regular el régimen jurídico de los servicios relacionados con internet y la contratación electrónica, asegurando que:

  • Los prestadores de servicios incluyen en su página información como:
  • Su nombre o denominación social y datos de contacto.
  • Si la empresa está registrada en el Registro Mercantil o cualquier otro registro público.
  • Si se ejerce una profesión regulada, los datos del colegio profesional y el número de colegiado.
  • Número de Identificación Fiscal (NIF).
  • Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y los gastos de envío.
  • Los códigos de conducta a los que esté adherido, en su caso, y la forma de consultarlos electrónicamente.
  • los contratos que se celebren, aunque no estén físicamente en papel, sean válidos y eficaces, reforzando así la eficacia de los documentos electrónicos como prueba ante los Tribunales, exceptuando, en todo caso, los contratos relativos al Derecho de familia y las Sucesiones.
  • El prestador ha solicitado previamente al destinatario el consentimiento para hacerle llegar comunicación comercial, o ya existía una relación contractual previa por la cual podrá enviarle publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados por el cliente.
  • Cuando los proveedores empleen cookies (permiten a los prestadores de servicios relacionados con Internet almacenar y recuperar datos sobre los usuarios almacenados en sus equipos), deben recabar el consentimiento de los usuarios después de que los mismos hayan sido informados de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad.
  • Los prestadores de servicios colaboren con las autoridades en el caso de ser requeridos.

Pueden ser prestadores de servicios:

  • Proveedores de Intermediación, tales como:
  • Empresas que brindan conexión a internet a sus clientes
  • Prestadores de servicios de alojamiento de datos.
  • Servicios de enlaces.
  • Personas jurídicas y particulares que realicen actividades económicas a través de internet.

La LSSI estable las reglas necesarias para que el uso y disfrute de la red, así como que la posible actividad económica generada sea segura para los prestadores de servicios, tanto los proveedores de intermediación, como las empresas que ofrecen sus productos, o ciudadanos que posean una página web.

Dado que los usuarios ya tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la LSSI añade a estas la acción de cesación, la cual va dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la LSSI que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios.

Esta acción puede ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores.

En definitiva, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información está enfocada fundamentalmente a regular el comercio electrónico en Internet, pero va más allá que simplemente eso, regula todo tipo de servicios de la sociedad de la información y a los distintos prestadores de los mismos.

Quedan sujetas a esta ley:

  • Las entidades establecidas o personas físicas residentes en España.
  • Las personas físicas residentes en un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.
  • Las entidades establecidas o personas físicas residentes en un país tercero, siempre que dirijan sus servicios específicamente al territorio español.

 

 

Jéssica Serra 

International Department

Plusvalía Municipal: Si has vendido por debajo del precio al que compraste, ¡Recupera la plusvalía!

 

La plusvalía municipal es un tributo que se abona a los entes locales (Ayuntamiento) en relación a la venta de un inmueble radicado en su municipio.

El principio de devengo es el incremento de valor que experimenta el suelo entre el momento de la compra y el momento de la venta.

Pero… ¿Qué sucede si cuando se vende, el vendedor experimenta una pérdida en vez de una ganancia?, en tal caso, ¿cabe el devengo de dicho impuesto?

La respuesta es NO.

El tribunal Constitucional, mediante Sentencia de fecha 16 de febrero de 2017, ha declarado inconstitucional parcialmente la normativa que regula dicho impuesto: Impuesto sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana (más comúnmente conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL).

El término declaración inconstitucional parcial, hace referencia solo a aquellas situaciones de inexistencia de incrementos de valor del suelo desde la fecha de adquisición a la de transmisión.

De todo ello podemos desprender que ahora y retroactivamente, se pueden reclamar los ingresos indebidos a los entes locales por razón del impuesto de “Plusvalía Municipal”.

El modo más fácil y común de recuperar el ingreso indebido a la administración, será a través de un procedimiento administrativo, el cual es conveniente iniciar con anterioridad a que prescriba la acción que tiene el ciudadano para reclamar el ingreso indebido: 4 años.

Este acto administrativo tiene dos momentos:

 

  • Cuando aún esté en régimen de autoliquidación: procedimiento de devolución de ingresos indebidos en base al art. 120.3 de la Ley General Tributaria.
  • Cuando esté en régimen de liquidación: habrá que acudir a otros procedimientos especiales que permiten impugnar actos firmes como son el procedimiento de nulidad de pleno derecho o el procedimiento de renovación.

 

Para finalizar, y a modo aclaratorio, mencionar que podrán reclamar la devolución de dicho importe todos aquellos que hayan vendido un inmueble en los últimos 4 años.

 

Iván Baurier

Departamento Inmobiliario

 

Quelles sont les différences entre le notaire espagnol et le notaire français, dans le cadre d’une acquisition immobilière en Espagne ?

 

Le climat ensoleillé, les paysages paradisiaques, la plage…Il fait bon vivre en Espagne ! Les côtes hispaniques dont la Costa Brava et les immeubles vues sur la mer attirent de plus en plus l’attention. Notamment par un marché immobilier qui, malgré la reprise de l’activité, reste bon marché et très attractif pour les français. Réaliser un achat immobilier demande cependant une certaine prudence et précaution pour sécuriser sa transaction. En France, le notaire a le rôle d’encadrer toute la transaction immobilière et d’en protéger chacune des parties. En Espagne, le notaire a une fonction différente qu’il est important de savoir avant d’acquérir un bien immobilier dans ce pays.

 

Le rôle du notaire espagnol

 

L’intervention d’un notaire espagnol est indispensable pour réaliser une acquisition immobilière en Espagne. Le contrat de vente, signé devant notaire, est un document public, authentique et irréfutable. C’est à dire que le notaire procure au contrat efficacité et force probante envers les tiers et toute autorité publique ou juridique, autant sur le fond que sur la forme.

Le notaire espagnol est chargé d’élaborer l’acte de vente en certifiant sa conformité, sa validité et de garantir la sécurité juridique.

Avant tout, le notaire vérifie l’identité, la capacité et la légitimité des parties de l’acte de vente et contrôle l’authenticité des documents annexés.

Il intervient également dans les dernières étapes du processus d’achat en chargeant un gestionnaire du paiement des impôts sur la transmission patrimoniale et l’inscription de la transaction au registre de propriété.

L’acheteur français a pour habitude que le notaire, dans le cadre d’une acquisition immobilière, encadre le processus de vente, analyse la situation de la propriété, objet de la vente, et le conseille sur ses propres intérêts. Cependant, en Espagne, le rôle du notaire est différent car c’est un officier de justice représentant l’Etat. En ce sens, il a une position impartiale sur la situation et ne protège donc pas les intérêts des parties de manière à ne favoriser ni l’acheteur, ni le vendeur. Sa fonction est d’assurer la conformité de l’acte de vente au regard de la loi.

C’est pourquoi, il est conseillé de se munir d’un avocat chargé de la protection de son acquisition. Aquit Legal est compétent pour sécuriser votre opération immobilière.

 

Le paiement du prix de vente lors d’une acquisition immobilière

 

En Espagne, le paiement du prix de vente diffère du mode de paiement français. Une pratique, qui peut perturber l’acquéreur français s’il n’a pas été prévenu de ces différences.

Si en France, le paiement de l’acquisition est versé directement sur le compte bancaire du notaire pour qu’ensuite, celui-ci le verse à sont tour sur le compte du vendeur, le jour de la signature de l’acte de vente; en Espagne, le notaire n’a pas pour habitude de recevoir le prix de vente. Le paiement se fait par chèque bancaire ou virement au nom et sur le comte du vendeur. Le notaire atteste alors du paiement dans l’acte officiel de vente.

C’est pourquoi, il peut être demandé à l’acquéreur français d’ouvrir un compte espagnol afin notamment de rassurer le vendeur par un chèque d’une banque qui lui ait connu, de faciliter la transaction bancaire et d’éviter que des frais de commission bancaire (souvent élevés) soient à la charge du vendeur.

Aquit Legal recommande que, dans le cadre d’un virement bancaire transfrontalier, tant sur le compte bancaire du vendeur ou sur le compte bancaire espagnol de l’acquéreur, il est très important d’assurer auprès de sa banque française, la traçabilité des fonds ainsi que d’identifier l’origine de ces fonds conformément à la loi de prévention de blanchiment de capital.

 

Le paiement des honoraires du notaire espagnol

 

En pratique, les honoraires du notaire sont à la charge de l’acquéreur. Ces honoraires sont à régler le jour de la signature de l’acte de vente.

Le montant des honoraires est fixé par la loi espagnole et ne peut être modifié. Dans le cadre d’une vente immobilière, les notaires doivent appliquer une échelle tarifaire qui varie selon le prix de vente de l’immeuble.

Il faut également rappeler qu’une fois l’acte de vente signé par les parties, le notaire charge un gestionnaire pour le paiement des impôts et l’inscription de la transaction au registre de propriété. C’est pourquoi, les honoraires du notaire, du centre de gestion, du registre de propriété ainsi que le montant des impôts sur la transmission de patrimoine (environ 10 à 12% du prix de vente de la propriété) sont évalués de façon approximative sous la forme d’une provision de fonds. Dans le cas d’une surélévation de ce montant, la différence sera remboursée à l’acquéreur lors de la remise du document officiel de l’acte de vente. Dans le cas d’une sous-élévation, l’acquéreur devra alors verser la différence. Cependant, la provision de fonds est toujours évaluée à la hausse pour éviter ce dernier cas.

 

Les autres intervenants permettant la protection d’une acquisition immobilière

 

Divers professionnels peuvent être amenés à intervenir lors d’une transaction immobilière, tel que l’agent immobilier concernant la négociation du prix de vente ou l’architecte pour le respect des normes urbanistiques par exemple.

Néanmoins, concernant la protection de son acquisition, l’avocat, expert en droit immobilier, est le professionnel le plus adapté. C’est lui qui assure la sécurité de l’opération en protégeant les intérêts de la partie qu’il défend. Aquit Legal peut vous accompagner dans toutes les étapes du processus d’achat immobilier. Il peut intervenir comme un négociateur, un intermédiaire ou un représentant de l’acquéreur français à l’acte de vente. L’avocat sécurise l’opération notamment par la rédaction du compromis de vente et par la coordination avec le notaire et révision de l’acte de vente. En effet, ce professionnel commence par l’analyse de la situation générale de l’immeuble afin de détecter et d’empêcher les risques qui pourraient survenir lors de la signature de l’acte de vente. Il vérifie également que la propriété n’est grevée d’aucune dette, impayé ou toute autre charge et obligation allant à l’encontre de l’acquéreur.

L’avocat peut également avoir un rôle de conseiller dans le domaine fiscal ou de succession pouvant être engendré par une transaction immobilière internationale.

Ainsi, le notaire et l’avocat, bien que différents, ont tous deux une fonction essentielle et complémentaire pour réaliser dans les meilleures conditions possibles une acquisition immobilière en Espagne. Aquit Legal peut vous assister dans votre acquisition en tant qu’avocat expert en droit immobilier et ainsi assurer conseil et protection dans votre langue maternelle.

 

Marine Fossé

Responsable du French Desk